La defensa de nuestra soberanía también incluye defender nuestras fuentes de trabajo. La apertura indiscriminada de nuestra economía produce el desguace de la industria nacional. Todos y cada uno de nosotros conocemos como se inició el proceso: impulsando a la ineficiencia de las empresas públicas, merced a la tarea de los funcionarios públicos que, en lugar de cumplir con su tarea como servidores públicos, se empeñaron en desmantelar a esas empresas creando así el campo propicio hacia las privatizaciones. Lógicamente todo este accionar no fue a título gratuito. Muchos de ellos fueron asesores de las mismas empresas privatizadas. Para completar esta estrategia de entrega, se gestó la premisa de la falta de competitividad de la industria nacional.
Hoy, afortunadamente, la industria nacional comienza a ser protegida, inicialmente procurando eliminar disparidades cambiarias dentro del Mercosur y, en forma concomitante, establecer aforos a la importación de productos que se pretendan ingresar desde fuera del citado mercado común sur americano.
Esta estrategia se robustece habida cuenta del colapso del capitalismo en los países denominados "del primer mundo", quienes a efectos de asegurarse la venta de sus productos los ofrecen con sensibles rebajas.
Asimismo, existen países en los que el bajo costo laboral favorece sus exportaciones en detrimento de nuestra industria nacional.
Actualmente, los países de Europa y EE.UU procuran por todos los medios también bajar el costo de sus productos disminuyendo el valor de la fuerza de trabajo.
Tanto en un caso como en el otro, a la vista de cualquier sur americano resulta inconcebible que la variable de ajuste para competir se asiente sobre el salario de los trabajadores.
Se entiende, pues, de legítimo interés público que en Argentina se dicten normas, estableciendo la directa prohibición de ingresos de mercaderías provenientes de países en los que, por igual actividad el salario sea inferior al argentino.
Este último párrafo se sustenta en la normativa impulsada por la O.I.T. que en 1988 consiguió impulsar lo que se denominó Código de Conducta al cual adhirieron los países llamados "del primer mundo" y la mayoría de las empresas transnacionales...
Se dice, se escribe... pero no se hace.
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